Declaración de la Cátedra en DDHH sobre desarrollo urbanístico en Punta Ballena
Montevideo, 14 de noviembre de 2023
El Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar expresa su preocupación por la falta de medidas apropiadas para salvaguardar el derecho a vivir en un ambiente sano. Este derecho está contemplado en diversos instrumentos internacionales ONU (resolución sobre derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Acuerdo de Escazú), regionales de la OEA (Protocolo de San Salvador), y locales (art. 47 de la Constitución de la República). La protección de este derecho, que conlleva otros, requiere que el Estado evite que entidades privadas pongan en riesgo la naturaleza, el agua y el acervo cultural e histórico de una comunidad. Esta obligación demanda del Estado un rol vigilante que garantice la plena vigencia de derechos y una acción diligente. En un momento en que el planeta enfrenta una triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, el tipo de emprendimientos como el propuesto para la zona de Punta Ballena, al igual que otros casos similares a lo largo de la costa, puede provocar consecuencias desastrosas para el ecosistema y las generaciones futuras. Asimismo, el derecho internacional y la normativa nacional reconocen que las personas y organizaciones sociales tienen derecho a participar efectivamente en los procesos de elaboración de planes y políticas que afecten el ordenamiento territorial y el ambiente. La participación no puede ser sobre hechos consumados, proyectos elaborados o aprobados.
La cátedra adhiere al Manifiesto de Punta Ballena realizado por expertos del CURE y expresiones de científicos nacionales en relación con el proyecto. El Estado uruguayo tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y derechos a los que suscribe, así como de la normativa nacional de ordenamiento territorial que obligan al Estado y a las empresas a cumplir con el principio de igualdad intergeneracional, no causar daño ambiental, y la prevención por medios efectivos y adecuados previo a la realización de cualquier proyecto.
Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Ambiente a respetar los derechos de esta generación y de generaciones futuras garantizando que se cumpla la normativa que los protege. Alentamos a la sociedad civil a monitorear y defender el derecho a un ambiente sano sabiendo que la ciudadanía puede impugnar políticas que destruyen el ambiente basándose en la legislación de derechos humanos.
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