Declaración a propósito del recurso al proyecto Neptuno/Arazatí y la censura a testimonios científicos, de la INDDHH y de la ciudadanía
“La ciencia y el conocimiento es un bien público, social y pilar fundamental de la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible, el pluralismo de ideas, el progreso científico, académico y el mejoramiento de la persona humana y de la sociedad, siendo un requisito indispensable para una sociedad libre, abierta, pluralista, justa e igualitaria” (CIDH, 2021, Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria).
En días recientes tomó estado público la objeción del Ministerio de Ambiente y de OSE para que admitir testimonios expertos de investigadores e investigadoras del sistema científico nacional, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de integrantes de organizaciones sociales en un proceso judicial sobre el Proyecto Neptuno/Arazatí. Este hecho es parte de una práctica sistemática de silenciamiento de las voces críticas del sistema científico cuando éstas se oponen a intereses particulares de proyectos con alto impacto social y ambiental, tal como ha venido sucediendo desde 20221. Esta actitud contraviene los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y contradice el rol que los estados deben ocupar en materia del acceso a la información y la promoción de la más amplia pluralidad de opiniones en un sistema democrático.
Nos preocupa que se esté censurando el testimonio de investigadores expertos, técnicos y ciudadanos que tienen derecho a contribuir con sus saberes a las decisiones sobre proyectos que afectan los derechos humanos. Derechos interdependientes e indivisibles como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho al agua, a la participación y al acceso a la justicia. El saber científico no puede imponerse por sobre otros modos de saber, como evidencia para la legitimación de decisiones que afectan a toda la comunidad y a las generaciones futuras.
El 1 de diciembre de 2023, desde el Grupo de Trabajo Ambiente y DDHH de la Cátedra UNESCO DDHH, convocamos a un espacio de diálogo y formación a través del cual expertos/as nacionales compartieron su experiencia en el campo de la ética de la investigación2. En esta jornada se realizaron tres mesas donde se compartieron reflexiones sobre la importancia de incorporar una perspectiva de derechos para la investigación con seres humanos, animales y ecosistemas; la prácticas profesionales y conflictos de interés y la integridad de la investigación científica; así como cuestiones de seguridad, precaución y la responsabilidad con generaciones futuras en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de edición génica. Uno de los puntos centrales de la discusión fue la responsabilidad ética de investigadores en el desarrollo de su trabajo científico. Entre los desafíos éticos de la tecnociencia se plantearon varios puntos que consideramos relevantes para la reflexión sobre el caso del TCA y el Proyecto Arazatí/Neptuno.
¿Qué constituye conocimiento científico válido? ¿Qué procedimientos se utilizan para validar
el conocimiento científico? ¿Qué cuestiones éticas son consideradas deslegitimadoras del
conocimiento científico? ¿Cómo se considera el principio de precaución en estos proyectos?
La Declaración de Bioética y Derechos Humanos (2005) y la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático (2017) de la UNESCO hacen referencia explícita a las responsabilidades a las generaciones futuras y la importancia de promover políticas públicas que respeten los derechos humanos y sean informadas por principios éticos como la prevención de daños, la precaución, la equidad y la justicia. Asimismo, se reconoce la importancia de la responsabilidad científica de promover la transparencia y prevenir la corrupción reforzando mecanismos a nivel del Estado que cuidan y fiscalizan las responsabilidades de actores estatales y de corporaciones de los impactos sociales y ambientales.
En este caso creemos que los investigadores e investigadoras del sistema científico nacional y las personas participantes en las Comisiones de Cuenca, ofrecen perspectivas legítimas y válidas socialmente de acuerdo con los criterios y acuerdos suscritos por Uruguay. Es importante defender el diálogo público, informado y transparente basado en argumentos respaldados con evidencia y no descontar a quienes tienen posiciones distintas a las favorecidas para que ciertos proyectos sean viabilizados. Es fundamental reconocer la importancia de la libertad de investigación científica respetando la dignidad humana y las libertades fundamentales.
Consideramos un deber ineludible del Estado facilitar y promover la conciencia pública, la participación crítica en la toma de decisiones sobre los bienes comunes y recursos minerales y ecosistémicos, el acceso a la información y a la justicia, como se ha comprometido a hacerlo a través de sus normas fundamentales y los acuerdos internacionales que ha ratificado (especialmente el Acuerdo de Escazú).
El proyecto Neptuno/Arazati impacta sobre derechos fundamentales como el derecho al acceso al agua para sostener la vida; su discusión requiere el más amplio y plural debate público.
Grupo de Trabajo Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO DDHH de Udelar, 22 de marzo de 2024
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