Declaración de la Cátedra de DDHH a propósito de la condena a manifestantes contra el traslado de la Jueza M. Mota

7 de noviembre de 2021

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República expresa su preocupación por la condena de seis personas por manifestarse en contra del traslado de la jueza Mariana Mota en 2013. La protesta fue convocada por organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos que reclaman justicia ante los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus agentes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y en el período previo desde 1968. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2011 al Estado uruguayo responsable por crímenes de lesa humanidad y en falta por no investigar o enjuiciar a los responsables. La Corte explicitó claramente el hecho que Uruguay no puede mantener la impunidad por crímenes de tortura y otras formas de abuso. En ese contexto, la jueza Mota comenzó a investigar las denuncias y procesó al ex presidente que dio el golpe de estado Juan María Bordaberry.

La sentencia ocurre 8 años después de los hechos y luego de que la Corte Suprema de Justicia hubiese declarado inconstitucional en 2015 la acusación y un juzgado archivara la causa. Esta condena criminaliza la protesta y señala  a personas ejerciendo su derecho a la libre expresión, generando un clima de miedo y autocensura en quienes cuestionan acciones o políticas del Estado.

El derecho humano a la protesta y la libre expresión son derechos fundamentales y mundialmente reconocidos para el funcionamiento de la democracia. Estos derechos están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos a los que Uruguay adhiere. Toda persona tiene el derecho a manifestarse o reunirse, conocer, recabar u obtener información sobre todos los derechos humanos y a debatir si esos derechos se observan en la ley como en la práctica (A/RES/53/144 de 8 de marzo 1999 Asamblea General de Naciones Unidas).

Proteger a quienes protestan, sin distinción alguna, en particular sin distinción por motivos de opinión política o de otro tipo, forma parte de las obligaciones de promover y fomentar el respeto a los derechos humanos. Esta obligación es responsabilidad primordial del Estado. 

Preocupa además que se haya seleccionado solo a algunos individuos dentro de un grupo mayor, dando lugar a una especie de señalamiento ejemplarizante, con incidencia parcializada en la opinión pública. Estas personas fueron víctimas directas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura por lo que están siendo revictimizadas por el Estado. 

Es especialmente alarmante que estos hechos ocurran en un momento en el que se cuestiona la importancia de cumplir con la obligación de verdad, justicia y reparación a la que está obligada el Estado uruguayo y que se pone en cuestión el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad como ya fue establecido (ICTJ 2010). La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman estableció que hubo una práctica sistemática de parte del Estado uruguayo y le dio un plazo para realizar esas investigaciones. El Estado no ha cumplido con las investigaciones, sanción ni castigo de estos crímenes y está omiso en el reconocimiento y reparación que corresponde a las víctimas. Además, aún se limita el acceso a la información que tiene el Estado que puede servir para resolver casos y se propone dar beneficios especiales a las pocas personas que están procesadas por crímenes de lesa humanidad como tortura, violaciones y asesinatos. El discurso negacionista, la falta de acceso a la información y el uso de la judialización para limitar el derecho al disenso y la protesta ponen en evidencia la existencia de una cultura de impunidad que no permite funcionar democráticamente ni alcanzar la paz y reconciliación en nuestra comunidad. 

Expresamos nuestra solidaridad con quienes han sido condenados por ejercer su derecho a la protesta, exhortamos el cumplimiento de las garantías para la libertad de expresión y convocamos a una discusión sobre cómo defender las libertades fundamentales y los procesos democráticos promoviendo los derechos humanos.