Declaración cátedra DDHH sobre delitos de lesa humanidad
20 de diciembre de 2024
Declaración sobre cuestionamientos a la justicia y víctimas de delitos de lesa humanidad
A casi cuarenta años del retorno a la democracia la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay sigue siendo tarea pendiente. Garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación así como la memoria y garantías de no repetición son obligaciones del Estado de acuerdo con la normativa vigente y los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que el país suscribe. Estas obligaciones son clave para poder prevenir la repetición de violaciones futuras de derechos humanos, rendir cuentas y hacer justicia no solo a las víctimas directas o a sus familiares sino a la sociedad toda.
Las declaraciones recientes de dos ex mandatarios del Estado, Lucía Topolansky y José Mujica, cuestionando la veracidad de los testimonios de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos así como del sistema de justicia afectan la confianza en las instituciones y van contra la obligación de reparación a las víctimas. Este tipo de declaraciones provenientes de quienes también sufrieron estas violencias del Estado fortalecen sospechas de pactos de silencio que impiden acceder a la verdad.
Estos crímenes de lesa humanidad no pueden ser naturalizados, para eso es importante el respeto y las máximas consideraciones para las víctimas y el sufrimiento que experimentan cuando se relativiza la veracidad y legitimidad de lo ocurrido. Existe amplia evidencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el período de 1968 a 1985 como ha sido documentado en informes de relatores de Naciones Unidas, jurisprudencia de la CIDH y juicios a nivel nacional e internacional. Es importante recordar que los funcionarios estatales están obligados a contribuir a que el Estado cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Gelman vs Uruguay (2011) y Maidanik y otros (2021).
Desde la Cátedra UNESCO de DDHH de la Universidad de la República hacemos un llamamiento a evitar la revictimización de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos. Solicitamos a quienes han sido, son o serán representantes de la población en puestos de gobierno que realicen su deber de garantizar que el Estado cumpla con su obligación de dar información, juzgar e implementar medidas de reparación para quienes sufrieron la violencia del Estado en dictadura.
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