Agua – 20 años DDHH
Este año, 2024, se cumplen 20 años de la inclusión del derecho humano al agua en la Constitución de la República de Uruguay. Este hecho ocurrió por una reforma de la Constitución llevada adelante a través de una iniciativa de Plebiscito una iniciativa de democracia directa desencadenada por un proceso de recolección de firmas, o sea que implica también la celebración de un triunfo popular.
La reforma fue propuesta por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, un entramado organizativo creado en 2002 para evitar la ampliación de la privatización del servicio público de agua potable, que había comenzado en el país durante la década del noventa en el Departamento de Maldonado.
La reforma de la Constitución consagró el carácter público de los servicios, la adopción de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, la predominancia de los criterios sociales sobre los económicos y el carácter participativo de las decisiones relativas a estas temáticas.
La creación de esta coalición de organizaciones que incluyó a sindicatos, grupos de vecinos, organizaciones ambientalistas y personas de todo el país se dio en el contexto de las luchas contra el avance del neoliberalismo en el país y en el mundo, al influjo de los germinales Foros Sociales Mundiales, en los cuáles se articulaban las alternativas de otros mundos posibles’ en el inicio del nuevo siglo.
Fue allí que se establecieron vínculos con procesos que se venían desarrollando en todo el continente y no en vano, nuestra Comisión Nacional adoptó su denominación de la Coordinadora de Cochabamba en Defensa del Agua y de la Vida, que había protagonizado las protestas que en aquella ciudad boliviana lograron revertir una dramática situación de todas las aguas, incluyendo la de la lluvia. Durante abril del año 2000 el pueblo de aquella ciudad boliviana se había organizado para resistir a la privatización del servicio de agua que había llegado al extremo de establecer un impuesto al agua de lluvia. Ese ejemplo de dignidad fue una gran inspiración para la lucha que se desarrollaría en Uruguay.
La organización de la campaña por el plebiscito recogió los aprendizajes de la resistencia al neoliberalismo a partir de las múltiples experiencias de democracia directa que se habían llevado adelante en la década de los noventa en defensa de las empresas públicas. Pero también esta campaña tuvo particularidades: se promovieron dinámicas de formación popular en todo el país sobre el agua y la importancia de su cuidado a nivel de cuencas, donde el conocimiento científico jugó un papel destacado en el marco del proceso de movilización.
Luego de la aprobación de la Reforma Constitucional, el 31 de octubre de 2004 con un 64,5% de votos, cuando se podría pensar que el objetivo se había alcanzado, comenzó una nueva batalla de la misma lucha: lograr el cumplimiento cabal de los postulados de la nueva Constitución.
Allí se desplegaron dos ámbitos simultáneos: la lucha por la reglamentación de la reforma Constitucional (a través de deferentes leyes y regulaciones) y el rechazo a iniciativas extractivistas de gran porte que convertían al agua en mercancía, violentando uno de los aspectos centrales del nuevo artículo 47.
En ese primer ámbito se participó de la discusión para redactar una Ley Nacional de Aguas, la primera en el país, que sería aprobada en el año 2009 (Ley 18.610).
En el otro frente, la CNDAV participó de una amplísima serie de movilizaciones y redes de protesta a nivel nacional, frente a iniciativas como las fábricas de celulosa, los monocultivos sojeros, arroceros y forestales, las iniciativas de megaminería de hierro, y las iniciativas energéticas o logísticas asociadas y a nivel internacional, como los Foros Sociales Mundiales o las redes de lucha por el derecho al agua en diferentes continentes.
Mientras tanto, en ese proceso la calidad del agua en todo el país se ha ido deteriorando. Ante esa realidad han surgido diferentes procesos territoriales de defensa del agua y denuncia del saqueo de los diferentes territorios. El río Santa Lucía, la Laguna de Cisne y el arroyo Solís chico en Canelones, la Laguna del Sauce en Maldonado, los montes nativos de Guichón, fueron algunos de los espacios que desencadenaron procesos de movilización y organización colectiva que se han entrelazado con la lucha de la CNDAV y a su vez han promovido la creación de estos nuevos espacios de gestión de las aguas, las Comisiones de Cuenca, que deberían dinamizar el debate público y la toma de decisiones en torno a las aguas y los procesos que puedan afectarlas.
Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el derecho humano al agua y lo hizo desde abajo, por un proceso de movilización popular. Recién en 2010 la Organización de las Naciones Unidas haría un reconocimiento similar para todos los países. 20 años después la misma responsabilidad nos obliga a reconocer las tareas pendientes en el cuidado de nuestras aguas y nuestros territorios, las que se vuelven urgentes para transmitir este legado a las próximas generaciones.
Carlos Santos